Por: Byron O. Naranjo Gamboa
16/05/2021
Desde Ambato – Ecuador

A través de campañas en medios de comunicación en las que se promueva la movilidad activa, el respeto a las personas de los grupos prioritarios y a los ciclistas; y con la implementación de contenidos curriculares para que las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares dicten obligatoriamente la asignatura de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a partir del primer año de educación inicial hasta el tercer año de bachillerato; la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, endilga al Estado el reconocimiento de los derechos de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural.

Ese es el legado de la Asamblea Nacional, que culminó sus funciones esta semana, y que se tomó tres años para incorporar reformas que están relacionadas con la movilidad sostenible; planificación, control y tecnología, capacitación a funcionarios de tránsito, seguridad vial, y la que particularmente nos identifica que es la educación vial. Los cambios fueron aprobados en segundo debate el pasado 30 de abril; ahora se espera el visto bueno o veto por parte del Ejecutivo, que también está a punto de culminar su mandato el próximo 24 de mayo.

Las reformas implementadas en la referida Ley, han sido motivadas, entre otras razones, por lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República, que contempla a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

De la misma manera se ha considerado que la inseguridad vial constituye un problema que implica realizar intervenciones multisectoriales para generar avances sostenidos, propendiendo a la construcción de ciudades y entornos más seguros para sus habitantes, lo cual, por ser prioritario, debe contar con estrategias claras y concretas que ataquen directamente el problema mediante soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Otro de los aspectos que se ha tomado en cuenta para establecer las reformas tiene que ver con los elevados índices de siniestralidad en el país; el sistema educativo ecuatoriano debe enfocarse en incluir a la educación vial como eje transversal, optimizando los procesos de formación y capacitación de los diferentes actores de la movilidad.

Los argumentos son contundentes, la Asamblea Nacional ha sido sensible con las situaciones que se presentan en el día a día ente los usuarios de la vía pública; el presidente saliente no dejará pasar la oportunidad de hacer algo bien al final de su mandato (eso creemos y queremos). Pero la Ley, como tal, no puede hacer mucho si solamente llega hasta su publicación en el Registro Oficial, nos corresponde a todos estimular su puesta en marcha para alcanzar cambios cualitativos en nuestra cultura vial. Para eso estamos.

Gracias a Byron Naranjo por su columna mensual de opinión en culturavial.net