Para muchos ciudadanos cumplir la ley es una tarea difícil. No porque la ley sea buena o mala sino porque introduce un orden y preserva la organización de la sociedad. Transgredirla es más sencillo que cumplirla, especialmente si quien la contraviene no encuentra una barrera para hacerlo. Esta, generalmente, está representada en una figura de autoridad legítima, auténtica e investida de poder para asegurar el cumplimiento de las normas.

El tránsito es una actividad que desafía la convivencia en sociedad. O mejor, la pone a prueba. Cotidianamente quienes transitan por el espacio público son personas que deben interactuar con otras personas, con robots sencillos como los semáforos que emiten un código lumínico o con infraestructuras más complejas como las zonas escolares demarcadas y señalizadas que requieren entender su razón de ser y actuar en función de ella, por ejemplo. Estas interacciones se complejizan más si quien interactúa está a bordo de un vehículo y mucho más aún si este se mueve con un motor.

Respetar las normas de tránsito no exige esfuerzo si quien lo hace tiene la conciencia suficiente de que su papel es encajar en los sistemas de movilidad a partir de estas.

Es decir, la naturaleza de peatones, ciclistas, conductores y pasajeros es generar una cadena de buenas acciones que permitan que todos se muevan organizadamente por las vías, sean estas peatonales, para ciclistas, vehiculares o combinadas. Y lograrlo es posible; los viajes diarios de millones de personas lo ratifican.

Quienes se salen del parámetro cuando cruzan un semáforo en rojo, parquean indebidamente en la vía o en el andén, exceden la velocidad o incumplen los códigos de tránsito de los países, pueden salir impunes de la trasgresión. A menos que haya una autoridad que les obligue a no trasgredir o que les castigue por hacerlo.

En otros casos, el cobro viene en forma de siniestro vial con únicamente daños materiales, con saldos en rojo por personas lesionadas o con saldos funestos por personas fallecidas, situación en la cual es costo del incumplimiento de la ley es mayor.

En tránsito, cuando alguien infringe la ley debe ser visto y evidenciada su falta. Quien ve al infractor tiene que estar investido de autoridad para llamarle a comparecer ante la justicia por la falta cometida. Y cuando la justicia decide, el contraventor debe pagar ya sea com multa o con las penas y sanciones que contemplen los códigos de tránsito. Si el contraventor no paga y no acata, puede ser obligado a hacerlo, en el marco de la ley.

Aquellos que se niegan a cumplir con la ley y sus sanciones y que buscan legitimar socialmente su negación, están a un paso de cometer un delito. Y más si es con amenazas a la tranquilidad pública que lo hacen.

Los ciudadanos tienen voz en la sociedad y deberían pronunciarse públicamente contra quienes no cumplen la ley. El amedrentamiento es una causal suficiente para levantar la voz y exigir el cumplimiento de la ley.

También en el tránsito.